El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, Ignacio Mucientes, han firmado un protocolo de colaboración, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con el objetivo de intercambiar información y conocimiento para facilitar, en muchos casos, la labor de preparación de los proyectos que se sometan a la consideración de la Unión Europea.
La nueva Política Agraria Común, se va a caracterizar por una mayor ambición medioambiental, tanto en los requisitos mínimos obligatorios para poder percibir las ayudas, como en las ayudas que se dedicarán para la realización de prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente en el primer pilar (los denominados eco esquemas) y también en el segundo pilar cofinanciadas por el Feader (medidas de agro ambiente y clima, agricultura ecológica, etcétera).
Castilla y León cuenta con una posición común del gobierno de la Comunidad, las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades y asociaciones relacionadas con el medio rural, que parte del principio de que los nuevos requisitos que se exijan deben ser compensados adecuadamente. Y esa es la postura conjunta que la Consejería ha presentado al Ministerio de Agricultura, y que deberá presentarse a la Comisión Europea a finales de este año, en lo que será el documento de planificación de la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023.
El sector agrario es un sector económico esencial con un objetivo cada vez más ambicioso como es la producción de alimentos de forma sostenible. En consecuencia, las aspiraciones de la nueva PAC deben tener una triple vertiente: la medioambiental, la económica y la social, y todas ellas dirigidas a mantener esta actividad, al ser la base económica de las áreas rurales.