Una jornada en la que ha estado presente la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, junto a la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, y el alcalde de La Robla, Santiago Dorado.

Barcones ha recordado la apuesta del Gobierno de España a la Transición Justa como "muestran" los 300 millones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Plan España Puede para la transformación de estas comarcas afectadas por la transición energética.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de que estas zonas "cuenten con recursos públicos" con los que sean capaces, a través de la transición energética, "de generar futuro y oportunidades".

También, ha pedido la implicación del sector privado, con empresas que serán las que generen empleo y puedan blindar los servicios públicos para obtener un ecosistema "que garantice el presente y el futuro de estas zonas". Línea que ha mantenido la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, que se ha mostrado "optimista" con el futuro de esta zona por "la cantidad de ayudas en el territorio" que se destinan desde los PGE o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno de España ha colocado "como prioridad" estas zonas de transición justa y ha concluido que se trabaja junto a la Junta de Castilla y León "por ofrecer oportunidades de financiación a través de un nuevo Fondo de Transición Justa".