Como producto de la resolución del constitucional, se deja sin efecto el régimen sancionador aplicado por la Administración, y aun archivando los expedientes y revocando las resoluciones, considera que se han cumplido sus dos efectos o finalidades perseguidas de cara a los ciudadanos: en primer lugar su efecto disuasorio, y en segundo término, el efecto ejemplarizante o reeducativo -también para los presuntos infractores que ahora quedarán sin sanción, pero que se han visto sometidos a denuncia y, en su caso, al desarrollo de un procedimiento sancionador, e incluso a su abono-. En definitiva, esta Administración Autonómica ha servido con objetividad a los intereses generales, tal como exige la Constitución.