El pasado 26 de marzo, la ciudad de Salamanca acogió un hito histórico para el leonesismo, al haber sido el Parador de la capital del Tormes el enclave en el cual el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) presentó el proyecto de Estatuto de autonomía de la Región Leonesa y el proyecto de Ley por la que se determinan las sedes de las Instituciones de la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa.
En lo que concierne al Estatuto, compuesto de 92 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, así como un extenso Preámbulo, lo más destacable en su articulado es que fija la obligatoriedad de que las sedes de la comunidad autónoma de la Región Leonesa estén repartidas entre las tres provincias que formarían dicha autonomía, es decir, Salamanca, Zamora y León.
No obstante, el propio Estatuto recoge en su artículo 4.1 la obligatoriedad de que se ubiquen “parte de las sedes autonómicas en áreas ajenas a las capitales provinciales”, fijando también la obligatoriedad de que El Bierzo acoja la sede central de una Consejería. De este modo, parte de las consejerías y organismos tendrían su sede fuera de las capitales, en consonancia también con el artículo 4.2 de dicho proyecto estatutario, que establece la necesidad de cumplir con “criterios de equilibrio entre las diversas zonas de la Región Leonesa”.
Una vez presentado dicho proyecto de Estatuto y de Ley de Sedes, desde el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) señalan que se ponen “a disposición de todos los partidos políticos, ya que convertirlo en oficial con rango legal es mera voluntad política y hacerlo conllevaría enmendar el error cometido en la Transición de hurtar a la Región Leonesa su derecho a la autonomía, reconocido en los artículos 2 y 143 de la Constitución”.