Esta posición que incluye el apoyo al nuevo Reglamento para comercializar productos a la deforestación y degradación forestal. La intervención, con amplias consideraciones, expresó, entre otros aspectos, la petición de mayor intervención de las CCAA, una financiación adecuada e instrumentos normativos claros y flexibles. Suárez-Quiñones también llamó la atención de los ministros europeos y del comisario europeo de Medio Ambiente sobre la necesidad de hacer un esfuerzo especial en la financiación de la descontaminación y recuperación de los suelos mineros e industriales abandonados. En la posición común de las comunidades autónomas, defendida por el consejero, se incluye la petición de excluir de controles y limitaciones derivados del Reglamento sobre mercado de productos asociados a degradación forestal a los procedentes de la agricultura extensiva sostenible, como es la comunidad de castellano leonesa.