La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021 a 2027. A España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete próximos años.
Con la reforma, se introduce un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.
La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológicos o eco esquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.
Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima fue precisamente el principal punto de desencuentro en las negociaciones entre eurodiputados y Estados miembros.
El acuerdo final optó por un punto intermedio entre las pretensiones de ambas partes y establece que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. Los Veintisiete, que eran menos ambiciosos, lograron establecer una serie de cláusulas de flexibilidad y pactaron fijar un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los eco esquemas, entre otras cuestiones.
Otro punto que dividió hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales antes del acuerdo de junio fue el nuevo mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas.
El pacto establece que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. Para conseguirlo, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros.
Por último, el tercer gran escollo de las negociaciones fue la «dimensión social» de la nueva PAC que el Parlamento Europeo exigió incluir. El consenso fue contemplar la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC«para sancionar posibles infracciones de las normas laborales en el campo.