La sentencia condena a su entonces presidente, como autor de un delito de prevaricación administrativa, y a la pena de nueve años de inhabilitación para ejercer el cargo, con expresa condena en una cuarta parte de las costas procesales, incluidas en igual proporción las costas de la acusación particular. El fallo absuelve a la secretaria de la junta, acusada de prevaricación administrativa continuada.

El dictado judicial declara probado que en la sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2011, la Junta Vecinal de Vega de Gordón, acordó la adjudicación provisional de los pastos sobrantes de un monte de utilidad pública perteneciente al pueblo mediante el sistema de subasta, produciéndose en la misma irregularidades punibles, que dan como resultado la nulidad de la concesión otorgada en su día.