La prestación vinculada al servicio es una ayuda económica destinada al pago de servicios de atención residencial, atención diurna o ayuda a domicilio, mientras la de asistente personal facilita la contratación de este servicio concreto que favorece el ejercicio de una vida lo más autónoma posible. En ambos casos, la cuantía se fija en función de la combinación de varios factores, como son los importes máximos vigentes en cada momento, la capacidad económica del usuario y su grado de dependencia.

Con la modificación de las fórmulas de cálculo reflejadas en la orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, los importes máximos para 2022 en lo relativo a ambas prestaciones –que son los de referencia para los usuarios que tienen una capacidad económica reducida–, se fijan en 965,34 euros para grandes dependientes (grado III); 788,32 euros para los de grado II, y 405 euros para los de grado I.

Los cambios en el procedimiento de la aplicación de las prestaciones tienen como objetivo reforzar la protección de los más vulnerables. La principal novedad tiene que ver con el carácter prioritario que se otorga a la tramitación de expedientes en los que existe una valoración técnica de urgencia social o especial vulnerabilidad por causas sobrevenidas o por falta de apoyos, que puedan derivar en una situación de desamparo o con riesgo grave para la integridad física o psíquica de la persona solicitante.