Castilla y León, y otras 25 regiones de 7 estados de la Unión Europea, han coincido en plantear sus reticencias al planteamiento de la Estrategia Forestal Europea 2030 propuesta por la Comisión Europea, en base a la falta de consenso sobre las propuestas y sobre todo “en la ruptura del necesario equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la social y económica” dado el carácter casi exclusivamente ambiental de la propuesta. En el mismo sentido, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Navarra y Murcia, así como la plataforma Juntos por los Bosques, que representa al sector forestal, han remitido al Gobierno de España un documento con el mismo posicionamiento crítico.