La "irregularidad administrativa" que califican de "ilegal e injusta" se podía haber resuelto, a su juicio, regulando normativamente el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, como en la Ley 4/2020 de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, u otras leyes posteriores.

En julio de 2020 mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y con la directora de Función Pública, Paloma Rivero, en la que se llegó a un compromiso para elaborar un decreto que regulase el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León "ese mismo año y por el procedimiento de urgencia". Sin embargo, ese compromiso se ha incumplido, después de 12 años de reclamaciones, lo que a juicio de los renunciantes ha supuesto "una pérdida de recursos humanos" de manera progresiva. Después de 17 meses, y varias oportunidades legislativas, sin recibir respuesta salvo vagas promesas y un borrador de decreto poco consensuado, según indican fuentes del sistema, se ha pasado de tener 22 especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública a una decena, porque poco a poco han ido renunciando. Los 10 que quedan se han mantenido en su puesto "por responsabilidad profesional ante la situación de pandemia, doblando guardias y atendiendo alertas de áreas que no les correspondían y en momentos en los que un solo epidemiólogo atendía 4 o 5 provincias en algunas semanas".

Así, "ante la situación de deterioro progresivo del funcionamiento del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León y del reiterado incumplimiento de las obligaciones de las consejerías implicadas" solicitan la baja en el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León que, "por responsabilidad profesional" harán efectiva el 31 de diciembre de 2021, fecha a partir de la cual no se atenderá este servicio en espera de la regularización normativa correspondiente.