El Tribunal Supremo ha confirmado las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a fabricantes, concesionarios y consultoras por pactar acuerdos entre ellas compartiendo información confidencial para de esta forma, fijar condiciones en los precios de venta de los coches y controlar el mercado. Este pacto, dio como resultado que los compradores que adquirieron sus vehículos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 pagaron un precio más alto del que en realidad tendrían que haber pagado.
La mayor parte de las marcas habituales están implicadas en este asunto que ha supuesto en muchos casos incrementos en el precio que van de los 2500 a los 10000 euros.
En nuestra provincia podríamos estar hablando de 50000 vehículos que podrán realizar las correspondientes reclamaciones en el plazo de un año a partir de la confirmación de las sentencias por el Tribunal Supremo.